La Sala Político-Administrativa del Trubunal Supremo de Justicia, emitió sentencia signada bajo el Número: 1127, de fecha 29 de julio de 2009, mediante la cual reiteró el criterio establecido en la sentencia Nº 1102 de fecha 22 de julio de 2009 (caso: Vehicle Security Resources de Venezuela, C.A.), por medio de la cual se determinó que de acuerdo con el parágrafo cuarto del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, el “salario normal” del trabajador es el que debe considerarse para la determinación y pago del aporte correspondiente al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV).

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio Zerpa, mediante decisión Nº 734 publicada el día 27 de mayo de dos mil nueve (2009), declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad intentado por Yone Sardi Brandt y otros, contra el Acuerdo Nº 21 de fecha 29 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho(1998), dictado por el Concejo Municipal del municipio autónomo Esteller del estado Portuguesa, estableciendo que, el mencionado acuerdo sólo podía tener validez respecto a las porciones del fundo “Cogote o Comunidad de los Indios” que no hubieran sido válidamente adquiridas por terceros. Con esta decisión la Sala, visto que el documento que origina la cadena de títulos presentada por los recurrentes, es un título supletorio, señala que éstos no pueden considerarse por sí solos traslativos del derecho de propiedad, ya que constituyen una presunción desvirtuable de los hechos que en ellos pretenden hacerse constar y únicamente son válidos para demostrar algunos derechos siempre que no haya oposición..."

la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz, mediante sentencia signada bajo el Número 438 de fecha 28 de abril de dos mil nueve(2009), ratificó la procedencia de la solicitud de intereses e indexación en el pago de obligaciones y estableció que la base de cálculo de los intereses moratorios es el capital que constituya la deuda líquida y exigible al momento de introducirse la demanda. En consecuencia, sólo la obligación principal es susceptible de indexación, y el monto resultante de la indexación no tiene ninguna influencia en la determinación de los daños y perjuicios que puedan atribuirse al retardo en el pago.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante deicisión Número 00383 de fecha 25 de marzo de dos mil nueve(2009) (Caso: Agropecuaria Flora, C.A., Exp. No. 2006-0805), con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, determinó que los traspasos de acciones de Sociedades Mercantiles efectuados mediante Libros de Accionistas, deben ser inscritos y publicados en el Registro Mercantil para que éstos tengan efectos jurídicos frente a terceros. Estimó la Sala que mientras dicho registro no se lleve a cabo, “tales inscripciones demuestran la titularidad de las acciones entre el accionista y la propia sociedad, pero no así frente a terceros”.

la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Magistrado Emilio Ramos González, mediante decisión signada bajo el Número 2009-380, de fecha 13 de abril de dos mil nueve (2009), interpretó el contenido del derecho a la defensa de acuerdo a la concepción del Estado Social de Derecho y de Justicia, lo cual "implica que la garantía formal adquiera una dimensión renovada alejada de la concepción individualista", por la que se antepone la justicia material a la justicia formal.

En fecha 5 de mayo de dos mil nueve (2009), la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Porras de Roa, dictó sentencia Número 673 , en la que se modificó el criterio respecto al pago de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales en el caso de un trabajador que hubiese intentado un procedimiento de calificación de despido. Por ello, en aquellas causas en que se ordene el reenganche y pago de salarios caídos, el tiempo durante el cual el trabajador no prestó servicio por mantenerse en curso el procedimiento, se tomará en cuenta como parte de la antigüedad al momento para el pago de las prestaciones sociales como si efectivamente se hubiera trabajado.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión signada bajo el Número 1007, de fecha 18 de septiembre de 2008, ratificó que los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario son competentes para conocer de las acciones que se interpongan contra los actos administrativos emanados del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH,) que hayan sido dictados con el objeto determinar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la contribución parafiscal que debe efectuarse al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. El referido criterio esta fundamentado en la naturaleza tributaria del aporte previsto en los artículos 172 y 173 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, el cual fue clasificado por la Sala como una contribución especial.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 11 de abril de 2008, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, reiteró el criterio mediante el que el juez que decide una demanda de indemnización de daño moral debe cumplir con los siguientes aspectos en su motivación:...los jueces cuando condenan al pago de un daño moral, más aún si es de magnitud, están en la ineludible obligación de expresar las razones que tuvieron para fijar el monto de la indemnización acordada. "Al decidirse una cuestión de daños morales, el sentenciador necesariamente ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando desde luego la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño y la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, humanamente aceptable".

El Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante decisión signada bajo el Número 040/2008, de fecha 22 de mayo de 2008,estableció que el “salario normal” definido en los parágrafos segundo y cuarto de la Ley Orgánica del Trabajo debe ser utilizado para efectuar los cálculos de los aportes referidos al Régimen Prestacional de Vivienda y Habitat y no el “salario integral”. El referido criterio fue sentado con fundamento en la sentencia signada bajo el Número 301, emanada de la Sala Constitucional de fecha 27 de febrero de 2007, mediante la que, se interpretó el artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, precisándose el alcance de la noción de salario normal a los efectos del cálculo de los impuestos y contribuciones parafiscales que gravan ingresos derivados de la relación laboral, según lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.